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Debido a que los casos de violencia a causa de discursos de odio van en aumento, la diputada federal de Morena Lorenia Iveth Valles Sampedro presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para tipificar esta conducta e imponer hasta cuatro años de cárcel a quien promueva o incite al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas o grupos poblacionales.

Según explica un comunicado emitido este domingo, a través de modificaciones al artículo 143 del Código Penal Federal, se aplicarían sanciones de uno a cuatro años de reclusión o de 150 a 300 días de trabajo comunitario y hasta 360 días multa, a quien, por razones de orientación sexual, situación de movilidad humana, condición migratoria, raza, género u otro; fomente el odio, haga públicamente accesible, produzca, distribuya o facilite a terceras personas el acceso escritos que alienten a la discriminación o la violencia.

También a quien públicamente niegue, trivialice o enaltezca los delitos de genocidio, de lesa humanidad o enaltezca a sus autores por motivos racistas, antisemitas, islamófobos, xenófobos, misóginos, homófobos o segregacionistas.

A quien lesione la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito a algún grupo poblacional o de cualquier ciudadano.

La legisladora consideró que instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 1º de la Constitución Política del país y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación sirven como base para fundamentar su propuesta.

Por otro lado, Valles Sampedro expresó preocupación por la falta de información que existe respecto al alcance que tienen las diversas manifestaciones de odio que se presentan diariamente en todo el mundo, principalmente en los medios electrónicos, por lo que consideró pertinente que se haga una recopilación sistemática de datos e información sobre su incidencia y repercusiones.

Finalmente, la legisladora subrayó que frecuentemente el discurso de odio se ampara en la libertad de expresión; sin embargo, esta no es absoluta, y es limitada cuando colisiona con otros derechos como la igualdad, el derecho al honor o la dignidad de las personas.

Con información de Quadratín

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