Juez difiere para el 3 de diciembre la continuación de la audiencia por desplome en Línea 12

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A la audiencia faltaron dos imputados, entre ellos Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, quien alegó que probablemente tenía covid-19. Sin embargo, el juez pidió que en los próximos tres días debía presentar una prueba que confirme el caso.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez de Control encargado del juicio por el desplome de la Línea 12 del Metro difirió para el próximo 3 de diciembre la continuación de la audiencia, con lo que queda pendiente la vinculación a proceso de los 10 exfuncionarios señalados como presuntos responsables de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad dolosos.

Luego de poco más de siete horas que duró la audiencia inicial, abogados de las víctimas informaron que la decisión del aplazamiento fue a solicitud suya, para que puedan revisar los más de 2 terabits de información escaneada de la carpeta de investigación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) les entregó de manera digital la semana pasada.

10 exfuncionarios, los primeros en asistir a la audiencia por el colapso en la Línea 12 del Metro
A petición de los litigantes, el juez Edgar Jesús Campos Burgos emitió un apercibimiento al Ministerio Público de la Fiscalía para que en un plazo de 10 días hábiles entregue dicha información impresa a los diferentes abogados de las víctimas y de los imputados, para que puedan consultarlo.

Durante la audiencia inicial de este lunes, el único avance en el caso fue que las víctimas “protestaron” sus cargos como tales ante las autoridades, igual que sus abogados defensores y que el representante legal de las 10 personas imputadas.

Las víctimas presentes se reservaron su derecho de declarar y solo se limitaron a confirmar quiénes eran sus representantes, ya sea privados o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi).

A la audiencia faltaron dos imputados, entre ellos Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, quien alegó que probablemente tenía covid-19. Sin embargo, el juez pidió que en los próximos tres días debía presentar una prueba que confirme el caso. El otro ausente fue Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles de ese organismo, quien alegó que no fue notificado personalmente del citatorio, por un error del Ministerio Público.

El abogado Teófilo Benítez, representante legal de ocho víctimas, dijo a Proceso que la Fiscalía dirigida por Ernestina Godoy les entregó la información digital “con vicios, desaseado, sin pies ni cabeza y todo revuelto”.

“La revisamos minuciosamente y vimos que había informes de la Policía de Investigación (PDI) que decía que había audios, pero los audios no estaban. Por eso dijimos que no estábamos en condiciones de llevar a cabo la audiencia, porque no está integrado el expediente en su totalidad”.

Los abogados de las diferentes partes también emitieron una queja general, debido a que en la carpeta que les entregó la Fiscalía no estaban completos los convenios que la constructora Carso, del magnate Carlos Slim, firmó con la FGJ local y el gobierno capitalino con miras a lograr un acuerdo reparatorio y la construcción de un fondo de apoyo en beneficio de las víctimas.

Se espera que para la audiencia programada para el 3 de diciembre a las 10 horas ya se puedan formular las imputaciones correspondientes y el juez emita las medidas cautelares procedentes.

“Ceavi, traicionera”: Estupiñán
Al término de la audiencia, el abogado de 22 víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo, cerca de la estación Olivos de la Línea 12, reventó contra el titular de la Ceavi, Armando Ocampo, a quien acusó de “traición” al intentar “tras bambalinas” que sus representados se desistieran de su defensa privada y se acogieran a la pública o de oficio que les brinda la Comisión.

Dijo que el funcionario los “amenazó” con que si no lo hacían les retirarían los apoyos sociales y el tratamiento médico que tienen para su rehabilitación. Acusó: “Ellos quieren que las personas no demanden, les dicen que si no dejan a sus defensas van a perder todas las ayudas que tienen”.

Por ello, adelantó que interpondrán un juicio de amparo para evitar que continúe el “hostigamiento” a las víctimas que representa.

Y siguió: “Es de pésimo gusto poner a debatir a las familias quién quería que los representara, haciendo actos a espaldas, faltando a un pacto de caballeros que tenía con esta asesoría, en la que no se iba a involucrar, se está involucrando a espaldas y luego pone a la gente enfrente del juez a preguntarle quién decide”.

Tras ese momento, abundó, dos víctimas dijeron que se desistían de la representación legal privada; aunque dijo que impugnarán el hecho, porque hubo irregularidades.

El litigante también acusó que la Ceavi y el gobierno capitalino hacían “presión extra” mediante “los chalecos verdes, que quieren usar la fuerza de la institución para justificar la fuerza jurídica”. Se refería a personal del gobierno local identificado con prendas de vestir de ese color, que incluso estuvieron afuera de las salas de oralidad, mientras se realizaba la audiencia.

También fue notoria la presencia de Esthela Damián, directora del DIF capitalino, institución que ha dado ayuda a los menores que quedaron huérfanos por el colapso de la Línea 12.

Luego, en un videomensaje, Cristopher Estupiñán añadió: “El comisionado Ejecutivo de Atención a las Víctimas no está ni con las víctimas ni para las víctimas. Está buscando intereses políticos y probablemente personales al intentar, activamente a nuestras espaldas, que todos nuestros representados abandonen nuestra asesoría bajo el pretexto y argumento que él está para ayudarlos, lo cual nunca ha sido cierto. Una persona que no tiene la moral suficiente para aceptar su cargo al hacer expresiones como las de ‘esas familias nunca iban a ver tanto dinero’, refiriéndose a sus apoyos transitorios”.

Tal afirmación, dijo el abogado, se la hizo el titular de la Ceavi en una comida privada que ambos tuvieron.

El integrante del despacho Carbino Legal acusó que, en la audiencia, Ocampo “puso contra la espada y la pared a varios de nuestros familiares cuestionándolos frente al juez quién quería que los representara, una actitud traidora y en pleno perjuicio a los derechos de las familias”.

Y aclaró: lo “único que buscamos es una justicia completa por todas las vías. No es cierto que solo buscamos que haya reparación del daño. Todos los responsables deben de asumir su carga frente a las familias”.

Al final de la entrevista, asestó: “Nos llamó tiburones en la audiencia, así le dijo a una de las familias: ‘¡Aguas porque ahí están los tiburones!’. Pues yo les digo: ‘¡Aguas porque ahí están los buitres!’”.

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